Desde La Azotea
24 de enero 2013
Seamos Sobrios
En Puerto Rico los
medios son culpables de usar "armas de distracción masiva" dándole
enfoque a noticias de poca relevancia como el libro nuevo de Adamaris, los
comentarios de Luis Fonsi, y que postio Maripily en Tweeter esta semana. Por
eso nunca te enterarías de noticias como estas en los medios locales.
En ocasiones por la mañana se ha tratado en las
noticias las aventuras extra-maritales de generales americanos que le han
obligado a renunciar, pero no hablan de la verdadera razón de tras de estas
renuncias. Según fuentes confiables de algunos de estos generales se le han
hecho lo que llaman una "prueba de litmus”. Para saber si ellos estarían
dispuestos a tomar acción contra el pueblo americano si se confisca las armas y
el pueblo resistiera.
Los que dicen que no, al poco tiempo pierde el
trabajo o son obligados a retirase. ¿Qué tiene que ver esto con la noticia que
estoy señalando hoy? ¿Por qué el departamento de salud necesita agentes armados
con poderes de allanamiento? Y eso que nos enteramos por pura casualidad, por
alguien dejar un arma en un escritorio. Es la misma pregunta que se han hecho
americanos comunes como también generales retirados en Estados Unidos.
¿Por qué la NOOA necesita miles de municiones de
balas huecas? ¿Por qué el Seguro Social necesita 74,000 municiones de bala
hueca, por qué Home land Secuirty necesita un billón y medio de balas huecas?
Municiones prohibidos por la convención de ginebra por el daño que le hacen al
cuerpo humano.
¿Y qué otra agencia en Puerto Rico estará armada
como lo está el departamento de salud? ¿Qué espera el gobierno americano y el
gobierno de Puerto Rico que no han dicho hasta el momento? Entiendo que nos
acercamos a un colapso de la sociedad y de la economía. Por eso las agencias se
están preparando para el famoso "worst case sanario" sé que la
noticia es larga pero vale la pena analizarla. Seamos Sobrios.
(NCM estrategianueve)
ARMAS PARA “PROTEGER” EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA DE PUERTO RICO
Jesús Dávila
SAN JUAN, Puerto
Rico, 23 de enero de 2013 (NCM) – Los enfoques salubristas de la política
pública del nuevo gobierno autonomista se han topado inesperadamente con un
escollo por el descubrimiento de un arsenal de armas y otros pertrechos en el
propio Departamento de Salud. Que de manera irregular ha montado un cuerpo
particular de policía con funciones encubiertas y acceso a información
confidencial.
La ya controversial
“Oficina de Investigaciones” –que cuenta con una división de inteligencia,
agentes armados y acuerdos con agencias estadounidenses de ley y orden como la
de control de drogas (DEA)- plantea además nuevos problemas sobre el papel de
Puerto Rico en la política de Estados Unidos para la región cuando apenas
faltan días para que el tema de la condición colonial de esta pequeña nación
pueda plantearse en la reunión de Comunidad de Estados de Latinoamérica y el
Caribe (CELAC).
“Esa oficina no
está en ninguno de los escenarios”, dijo el Secretario de Asuntos Públicos,
Jorge Colberg, al explicar que en los enfoques salubristas del nuevo gobernador
Alejandro García Padilla no se incluyen operaciones como la referida y advirtió
que la pasada administración anexionista no le puede imponer sus agendas al
gobierno luego del cambio de mando. Enterado de la información obtenida por NCM
Noticias sobre las operaciones de esa oficina, Colberg indicó además que estaba
requiriendo del Departamento de Salud un informe detallado en el que se
explique lo relativo a la existencia del organismo, su fin público, el dinero
que se gastó, la compra de las armas y “para qué propósito”.
Todo comenzó con un
empleado menor que se sorprendió al supuestamente encontrar una pistola en una
gaveta del escritorio de un funcionario de alto rango que ya había renunciado a
su cargo. Al poco tiempo, se regó el rumor de que esa pistola olvidada formaba
parte de un arsenal desparecido que incluía pistolas GLOCK de nueve milímetros.
Unas cosas llevaron
a otras y fue surgiendo la historia, más parecida a los relatos de intrigas que
gustan leer los aficionados al espionaje.
Los antecedentes de
la OI, que parece un calco apresurado de una agencia similar del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de EEUU, se pueden trazar por lo menos al año
2010, cuando la Legislatura refirió al Departamento de Justicia el expediente
de un fraude en el Centro Cardiovascular del Caribe. En esa ocasión, entre los
funcionarios implicados estaba el jefe de auditoría del Departamento de Salud
de Puerto Rico, Jesús Hernández, a quien se le imputaba haber escondido
evidencia del caso.
A principios de
2011, el entonces secretario de Salud, Lorenzo González, transfirió los
encargados de la custodia de drogas y narcóticos de la Administración de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción a una nueva “oficina de
investigaciones” que había creado. Los auditores fueron transferidos a esa
oficina, bajo el mando de un funcionario identificado también como Jesús
Hernández.
Poco después fue
presentado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para crear
oficialmente la OI con amplios poderes policiales, pero la medida fue retirada
por su propio autor en agosto de 2011 luego de las advertencias del
Departamento de Justicia de que podría ser inconstitucional y que usurpaba
poderes y funciones de los organismos policiales y de justicia criminal del
Estado. Aún así, la OI obtuvo presupuesto y continuó sus operaciones como si
nada con el saldo de más de media docena de operativos en distintos pueblos del
país, alguno de los cuales fue motivo de reprimenda judicial.
De acuerdo a los
testigos y documentos obtenidos, durante la primera mitad de 2011 se compró
decenas de armas de fuego –pistolas y armas largas- así como esposas, chalecos
contra balas y grandes cantidades de municiones- y se adquirió un local,
ubicado cerca de la zona bancaria y de las principales oficinas de ley y orden del
gobierno federal de EEUU. En el plan de trabajo del Departamento de Salud, en
el verano de 2012, se consigna que se trabaja en la remodelación del edificio y
que se espera realizar la obra entre el mismo año 2012 y el año 2013, además de
que se espera tener reuniones con las agencias federales de ley y orden para
coordinar trabajos. Además se indica que se contrató asesores “externos” para
preparar los lineamientos y la normativa del organismo.
La OI, mientras
tanto, mantenía un perfil bajo, pero la discreción no fue suficiente para
evitar que uno de los coautores de aquel proyecto de ley que fue retirado
presentara ahora una resolución para investigar por qué esa controvertida
oficina seguía operando.
Tras los comicios
generales de noviembre de 2012, en los que los anexionistas perdieron el
Ejecutivo y las cámaras legislativas, el saliente secretario González firmó la
orden administrativa 296 para oficializar la creación de la OI. En dicha orden,
otorgó por su cuenta poderes para hacer investigaciones criminales, operaciones
encubiertas, acceso a información confidencial, ejecutar arrestos y
allanamientos, entender en casos de sabotajes a instalaciones de salud pública,
investigar funcionarios y contratistas y encargarse de la protección y escolta
del Secretario de Salud, entre otras funciones.
En el informe de
logros del Plan Estratégico 2011-2012, en diciembre del año pasado, se informa
sobre el plan para crear otra vez la OI mediante un nuevo proyecto de ley, para
lo cual se hacía el trabajo legal en el Palacio de Santa Catalina, sede de la
gobernación. A pesar de que se trataba desde noviembre de un gobierno saliente,
el informe dice que el proyecto de ley quedará radicado en la Legislatura en
enero del presente año de 2013.
Pero, sobre todo,
ese informe de diciembre pasado, indica que ya se lograron acuerdos de
cooperación con la DEA y otras agencias policiales federales de EEUU.
Mientras tanto,
varias fuentes gubernamentales indican que los “agentes” de la OI están sin
jefe, sin tarea, sin saber qué pasará y que las armas están guardadas en una
bóveda de seguridad.
NCM-SJ-23-01-13-03
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